martes, 24 de septiembre de 2019

Comunicado de prensa del 24 septiembre del 2019



Comunicado de prensa


 La Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), organización de base comunitaria con más de 19 años de lucha en defensa del territorio y las playas en las comunidades de Zacate Grande, ante los hechos recientes de persecución y criminalización de nuestras compañeras y compañeros expresamos lo siguiente:

Condenamos las políticas estatales de criminalización contra las personas defensoras de la tierra y bienes comunes. El Estado de Honduras ha logrado producir y reproducir prácticas discriminatorias basadas en la desposesión, violencia y negación del acceso a las tierras, contra campesinos y campesinas que defienden el territorio en las comunidades de Zacate Grande. Estas prácticas han fomentado un ambiente de represión, persecución, desprestigio y encarcelamiento utilizando el sistema judicial como un principal medio para paralizar las acciones de defensoría; simultáneamente, han permitido que terratenientes como Jorge Cassis Leiva se ensañen contra compañeras y compañeros de la comunidad de Playa Blanca, como es el caso de María Hernández quien enfrenta dos procesos judiciales por el delito de usurpación de tierras, Santos Hernández que presenta seis procesos, además de esta situación, personas afines a terratenientes de la zona puedan cometer agresiones, perfilamiento y persecución en contra de los miembros de nuestra organización.

Denunciamos que hasta la fecha hay 15 personas con procesos judiciales por su lucha en defensa del territorio. El estado de Honduras a través de sus políticas de privatización de los bienes comunes, en lugar de cumplir sus obligaciones constitucionales e internacionales ratificadas en convenios y sentencias judiciales; ha fomentado sistemáticamente condiciones de impunidad, violencia y criminalización que produce una disputa desigual de las y los campesinos en contra de poderosos grupos empresariales nacionales, y ahora con la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), contra sectores del capital financiero transnacional.

Exigimos al estado el cese a la política criminal de persecución y criminalización contra las y los defensores de la tierra, que favorece a los terrateniente que han violentado los derechos de las comunidades y que de una vez se ponga fin al conflicto mediante un proceso de justicia social y el reconocimiento de nuestros derechos.

Nuestras tierras son nuestra mayor forma de expresión. Es decir, no solo comprenden una vivienda y un sustento sino también son el lugar de nuestro accionar político, social y de conocimiento. 

Defendemos nuestros territorios porque ellos salvaguardan nuestra experiencia socio-histórica como campesinas y campesinos defensores de la tierra, porque en ellos crecimos, vivimos y por ellos hemos trabajado toda una vida. Es el momento que el estado reflexione profundamente sobre sus prácticas institucionales, tome en serio nuestras demandas y sobre todo respete nuestras vidas, nuestro trabajo de defensoría y nuestra libertad.

¡PORQUE LA TIERRA NOS PERTENECE, LUCHAREMOS HASTA EL FINAL!

Península de Zacate Grande, Amapala, valle, a los 24 días del mes de septiembre de 2019

miércoles, 20 de febrero de 2019

Pobladores de la comunidad de Playa Blanca en Zacate Grande son víctimas de agresiones por parte de la guardia privada del terrateniente Jorge Cassis.



El terrateniente Jorge Cassis ha contratado guardias de seguridad de la misma comunidad para hostigar y agredir a quienes defienden su territorio, el domingo 7 de febrero recién pasado el campesino Santos Hernández fue gravemente herido por oponerse a que realizaran la medición del predio comunitario que Cassis pretende poner en venta pese a que en él habitan más de 40 familias desde hace décadas.

Santos Hernández se encontraba en el predio realizando su faena diaria, cuando se percató que Sabino Gonzales, empleado de Cassis, junto a dos personas más estaban dentro del terreno con el objetivo de ver el lugar que posiblemente comprarían, Santos les solicitó que se retiraran ya que este pertenece a la comunidad, a lo que Gonzales respondió de forma agresiva atacándolo con piedras e insultos alegando que dicho terreno pertenecía a su patrón, para ese momento miembros de la comunidad llegaron al lugar e impidieron que se dieran hechos aún más graves. Como resultado del ataque Santos fue traslado al hospital para poder ser atendido de los múltiples golpes, en su cara, pie y el más grave de abertura en su cabeza.

Este ataque no es el primero que sucede en la comunidad de Playa Blanca, desde hace un par de años Jorge Cassis y Heriberto Cruz han contratado personas para “cuidar sus terrenos” siendo su principal actividad el ataque y hostigamiento a las personas miembras del grupo campesino de la comunidad, en ocasiones anteriores han amenazado de muerte a varias compañeras y compañeros e incluso a sus hijos menores de edad.

La comunidad organizada como grupo campesino miembro de la Asociación por el Desarrollo de la península de Zacate Grande (ADEPZA), han reafirmado que se mantendrán firmes en su lucha por el territorio y exigen a las autoridades actuar con rapidez contra Sabino Gonzales y demás trabajadores de Jorge Cassis y Heriberto Cruz que hostigan con amenazas y agreden físicamente a la población de Puerto Sierra de la misma forma que actúan cuando de criminalizar a campesinos y campesinas se trata.


Contexto
En toda la península de Zacate Grande existe gran cantidad de propiedades privadas cuyos dueños son empresarios y políticos reconocidos a nivel nacional, que construyen grandes muros, obstruyendo el paso hacia las playas en las comunidades, Playa Blanca posee una de las mejores playas de la península además de ser una de las pocas que no ha sido acaparada por los terratenientes.
Jorge Cassis era propietario de la playa “La Guayaba Dorada” que era totalmente privatizada y para el acceso de la población hondureña en general se debía pagar 50 lps por persona, esta fue vendida en el año 2014 y según información brindada por pobladores de la zona su propietario es Juan Orlando Hernández quien dice ser actual presidente de Honduras, los campesinos y campesinas denuncian que las pretensiones de Cassis es el enriquecimiento a costa de los bienes comunes en este caso la Playa de su comunidad.

En el año 2012 aparece Heriberto Cruz con título de propiedad de varias manzanas de tierra que asegura compró debidamente a Jorge Cassis, incluyendo el terreno que la comunidad a destinado a la siembra de maíz, ayote y frijoles más una buena parte de la tierra donde están construidas sus casas, la comunidad inició la lucha en defensa de su tierra oponiéndose a la medición del terreno ya que esto significaba su desalojo inmediato, fue en este momento que comenzó todo el proceso de criminalización acusando a varias personas por el delito de usurpación de tierras.

Luego de todo un proceso de defensa territorial, en el año 2013 comienzan a llegar las órdenes de desalojo para las 42 familias pobladas en el caserío Puerto Sierra de la comunidad de Playa Blanca, llevando a cabo el primero contra Santos Hernández. Heriberto Cruz haciéndose acompañar de la policía nacional y varios militares le destruyeron la casa donde vivió por más de 40 años junto a su esposa María Concepción Hernández, también criminalizada y sus 6 hijos en su mayoría menores de 16 años, la comunidad organizada como grupo campesino no permitió que avanzaran con los desalojos a pesar de que la amenaza es constante.

En el año 2014 la comunidad decide iniciar la habilitación del predio comunitario para parqueo, ya que la comunidad no contaba con una entrada para ingresar a la misma y en vista de la necesidad de fuentes de ingresos decidieron expandir el predio para que los turistas que en época de vacaciones visitan mucho su playa pudieran entregarles contribución por el cuido de sus vehículos.

Los procesos judiciales iniciaron contra Santos Hernández, Abel Pérez Ávila y Tomás Cruz quienes fueron declarados culpables por los delitos de Usurpación de tierras, daños y amenazas, dictándoles medidas sustitutivas a la prisión, de no acercarse a los predios en litigio, no salir del país y firmar el libro diario  cada 15 días, luego de varios meses a solicitud de la defensa se realizó audiencia de revisión de medidas en la que dictaron prisión preventiva para los campesinos Santos Hernández y Abel Pérez quienes inmediatamente fueron trasladados a la granja penal de Nacaome Valle, gracias a la presión de organismos de derechos humanos regionales, nacionales e internacionales lograron salir de prisión después de 3 meses (102 días) 
dictándoles nuevamente medidas sustitutivas a la prisión.

El 8 de 2018 se Jorge Cassis presentó un nuevo requerimiento fiscal esta vez María Veneranda Cruz de 70 años, Oneyda Cárdenas Flores, Yessica Cerrato y Jacinto Hernández por el delito de amenazas y daños continuados, esto en respuesta de la fuerte lucha que la comunidad mantiene en defensa de su tierra, mayormente sostenida por las mujeres de la comunidad, meses después emiten un nuevo requerimiento fiscal contra Abel Pérez, Santos Hernández y María Concepción Hernández, esta vez por el delito de daños continuados.

Actualmente existen seis procesos penales abiertos contra 8 campesinos y campesinas de la comunidad de Playa Blanca, por los delitos de Usurpación de tierras, daños y amenazas.

miércoles, 6 de febrero de 2019

¿Quienes Somos?


La Asociación por el desarrollo de la península de Zacate Grande (ADEPZA) es una organización que lucha por la defensa del territorio y los bienes comunes en el sur de Honduras.

En el año 2000 inició el proceso de recuperación y titulación de tierras en las 10 comunidades de Zacate Grande, esto a raíz de que los terratenientes de la zona pretendían construir un cercado que les dejaría sin acceso a la playa pese a que son comunidades pesqueras, lo que vendría a ser el inicio del despojo para las mismas, en dichas comunidades no se contaba con documentación o titulo de propiedad de ningún tipo, aunque sus habitantes tendrían años de vivir en estas tierras.


La península fue vendida por Carmen Malespín, de origen nicaragüense, a empresarios hondureños que ahora conforman el llamado “Club de Coyolito” integrado por las familias más poderosas de nuestro país en las que resuenan apellidos como Facusse, Callejas, Kafati, Atala, Gutierrez, ahora incluyendo al aprendíz de dictador Juan Orlando Hernandez, entre otros, uno de los principales enemigo de esta población es el ya extinto empresario Miguel Facusse Barjúm, que poseía un titulo de propiedad de más de 3000 hectáreas, la península tiene una extención territorial de cerca de 5,800 hectáreas de superficie terrestre, con el apoyo de instituciones estatales encargadas de impartir justicia llevaron a cabo gran cantidad de desalojos violentos para construir sus casas de playa.

Los habitantes de la península se vieron en la necesidad de iniciar un proceso de organización para hacerle frente a las arbitrariedades que estos empresarios pretendían llevar a cabo, así nace el “Movimiento de Recuperación y Titulación de tierras en Zacate Grande”, la respuesta de los terratenientes no se hizo esperar e iniciaron con la persecución y judicialización contra hombres y mujeres que se negaban a entregar su territorio.

Con el paso del tiempo este movimiento logró obtener la personería jurídica convirtiéndose en la que conocemos como la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), que cuenta con una radio comunitaria que se ha convertido en una de las herramientas de lucha principal para la defensa del territorio.

lunes, 27 de marzo de 2017

Zacate Grande: Continua el proceso judicial contra dos de nuestros compañeros, dirigentes de la comunidad de Playa Blanca.

Continua el proceso judicial contra dos de nuestros compañeros, dirigentes de la comunidad de Playa Blanca.
Este día se realiza en la ciudad de Nacaome, Valle el juicio Oral y Público contra Tomás Cruz, Abel Pérez y Santos Hernández, campesinos criminalizados por hacer un parqueo provisional durante la Semana Santa del 2015, en la comunidad Playa Blanca, península de Zacate Grande. 


Por esta acción comunitaria para fomentar el turismo local, Jorge Luis Cassis es el presunto dueño del terreno, denunció a los tres campesinos por los delitos de usurpación, amenazas y daños en su contra. 


Abel y Santos, guardaron prisión durante tres meses el año pasado, ya que por falta de recursos económicos no pudieron cumplir con la medida preventiva de ir a firmar cada quince días, a la Isla del Tigre, Amapala, desde hace décadas, los terratenientes de esta zona se han ensañado contra las y los campesino de las distintas comunidades que defienden su territorio y esta ha sido uno de los casos en los que se evidencia aun más la injusticia que existe en nuestro país.

La Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) exige el sobreseimiento definitivo para estos compañeros que han pasado por situaciones tan terribles como la de permanecer en prisión por más de tres mese; un alto a la criminalización y judicialización contra los campesinos y campesinas de la comunidades de Zacate Grande.

Nosotros y nosotras somos ancestralmente herederos legítimos de estas tierras y playas, no permitiremos más atropellos en contra nuestra, hoy más que nunca las comunidades estamos fortalecidas y dispuestas a llegar a las ultimas consecuencias para defender nuestro territorio.

Pedimos a las organizaciones amigas nacionales e internacionales estar pendientes del desarrollo de este proceso de lucha y sobre todo a brindarnos su solidaridad en la exigencia del cese a la criminalización contra nuestros compañeros y compañeras

¡¡Zacate Grande, tu me viste nacer, crecer, en ti y por ti moriré!!

Zacate Grande, Amapala, Valle 27 de marzo de 2017



martes, 24 de mayo de 2016

Empresarios coludidos con el Gobierno de Honduras encarcelan pobladores de Zacate Grande por despojarlos de sus playas.

Durante décadas las comunidades de la Peninsula de Zacate Grande han sufrido por los contantes despojos y encarcelamientos por grandes Empresarios y funcionarios del gobierno.

Los que siguen resistiendo pagan con la cárcel, este es el caso de Abel Antonio Perez y Santos Hernandez del caserío Puerto Sierra en la Comunidad de Playa Blanca, quienes fueron remitidos a la penitencieria de Nacaome este 19 de mayo del 2016, ambos son dirigentes campesinos y miembros de la Asociación por el Desarrollo de la Peninsula de Zacate Grande (ADEPZA).

Ellos se presentaron el Jueves a las 2:00 al Juzgado de Amapala en audiencia de rebicion de medidas, donde la Jueza Iris dictamino orden de captura por incumplimiento de ellas al no presentarse firmar el libro de actas para verificar su estadía en el país.

Ellos tienen diversas acusaciones y capturas anteriores por delitos de Usurpación de tierras y construcción en terreno privado por parte de José Casis Leiva y Edilberto Cruz.

Santos y Abel son parte de un grupo de 44 familias que son afectadas por un muro construido por Edilberto cruz, dueño de la Gasolinera Puma de San Lorenzo, quien desde el 14 de Mayo del 2011 se ha estado presentando en compañía de la policía del Relleno y Nacaome para pedir que desalojen a los pobladores que van quedando dentro de su muro la propiedad donde viven.

Don Faustino Perez, Padre de Abel Perez ahora uno de los dos detenidos tiene mas de cuarenta años de vivir en ese lugar, el solo cuenta con un dominio útil para validar por dueño la tierra donde vive, el Estado nunca considero la peninsula de Zacate Grande como tierras nacionales si no de origen privado, por lo que don Faustino nunca recibió una escritura por el Instituto de la Propiedad o el Instituto Nacional Agrario (INA.

Cada año en semana santa, las playas de Zacate Grande se inundan de visitantes, en Playa Blanca Santos y Abel participaron en la limpieza de playas y áreas de parqueo para visitante, pocos días después Jorge Casis Leiva los acuso por usar la área de su supuesta propiedad como parqueo, ahora ellos están presos por no cumplir con las medidas sustitutivas a la prisión preventiva impuesta por la jueza tras la acusación.

El Gobierno tiene mas que las uñas metidos en los despojos y encarcelamientos contra lideres y dirigentes campesinos, en 1902 el Estado obsequio la isla Zacate Grande como premio por su buena labor como presidente de la república al General Terencio Sierra, antes de su muerte el general heredo en vida la isla, y dejo con un titulo colonial a su sobrina Carmen Malespin de Nacionalidad Nicaragüense como dueña de 500 caballerizas de tierra en Zacate Grande, lo que nunca menciono el documento es en que lugar de Zacate Grande se encontraban tales tierras.

A partir de 1970 con la construcción de un relleno artificial que conecto a Zacate Grande con tierra firme, la isla paso a convertirse en Peninsula, luego el puerto de Amapala y con ello grandes empresarios e inversionistas poco a poco se fueron llegando y adueñando de las playas, lo cual carmen Malespin miro con buenos ojos, sin siquiera a ver puesto un pie en la Isla empezó a vender por pequeños lotes a orilla de la playa y así empresarios como la Familia Facusse, Nasser, Rosental, Kafati, Canahuati, Larach, Maduro, y grandes funcionarios ligados a actos de corrupción como Lena Gutierres, Juan Orlando Hernandes, Arturo Corrales, Leonardo Callejas etc. se fueron adueñando de la mayoría de las playas de la Peninsula.

Con la ley de Reforma agrícola impulsada por Callejas en 1992 dio origen al saqueo de 32 Playas, y le legalizo casi el 70% de la peninsula a Miguel Facusse Barjun, empresario implicado en grandes robos como el de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) y tío del ex presidente Carlos Flores Facusse.

Miguel Facusse Barjun Murió en el 2015, pero entre sus herederos quedo su hijo Miguel Mauricio Facusse, quien hoy es considerado un o de los dos hondureños mas ricos de Centro América, su hija  Elissa Facusse  esposa de Fredis Nasser, dueño de petrosur, inversionista mayoritario en Grupo Terra, con acciones en gasolineras Uno y DESA, en su regalo de bodas Miguel Facusse le entrego como regalo de bodas a su hija la playa las gaviotas, quienes para el 2003 se realizo un brutal desalojo contra la familia Cárcamo Sanchez, familia que vivía la orilla de la playa, Narda Ofelia Sanchez quien después de ir a prisión, y ganar en tres ocasiones su caso nunca fue removida a su playa, hasta la fecha nadie ha pagado por los daños materiales realizados contra la familia, y el inmenso daño al país de Honduras con la privatización de una de las playas mas hermosas del golfo de fonseca como lo es playa las Gaviotas.

Al par de playa las Gaviotas se Encuentra Playa Blanca y el caserío Puerto sierra, a partir del 2012 se liberaron ordenes de captura contra Faustino Perez, Santos, y Abel, santos, y Gabriel Moreno las denuncias son interpuestas por Edilberto Cruz, supuesto dueño de la Gasolinera Uno de San Lorenzo, por lo que queda de la comunidad Jorge Casis Leiva a puesto rótulos de no ingresar por que es su tierra, asume ser dueño de toda la comunidad por haberle comprado a la Familia Malespin.

Actualmente hay 36 denuncias contra pobladores de Zacate grande acusados por los mismos cargos que se les acusa a santos y Abel, usurpación de tierras, daños al medio ambiente, construcción en terreno privado, en cualquier momento cada uno de ellos puede ir preso al faltar a las medidas como ir a firmar el libro de actas al juzgado, o por no contar con el dinero para los pasajes que cada mes tienen que estar consiguiendo.

sábado, 20 de diciembre de 2014

Denuncia Pública de ADEPZA Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) Jueves 18 de Diciembre del 2014


A los miembros y miembras de ADEPZA.
A los defensores y defensoras de derechos humanos.
A los medios de comunicación popular, comunitaria y alternativa.
Al movimiento social y popular de Honduras.
A la sociedad en general.

Nosotros y nosotras, los campesin@s y pescador@s originari@s de las comunidades de la Península de Zacate Grande, miembros y miembras de ADEPZA denunciamos públicamente la persecución, hostigamiento, amenazas de muerte e intento de asesinato que vivimos como dirigentes de nuestras comunidades por el trabajo que realizamos en defensa de la tierra y el territorio, la libertad de expresión, los bienes comunes y naturales.
El último atentado fue el pasado Domingo 14 de Diciembre donde Miguel Vásquez fue atacado con un puñal y luego perseguido con la intención de terminar con su vida, siendo una prueba más del enfrentamiento desigual que vivimos frente de los terratenientes, empresarios y funcionarios de gobierno que dicen ser dueños de nuestras tierras, por lo que denunciamos:

Que el domingo 14 de Diciembre a las 8:45 am, fue atacado Miguel Vásquez con un puñal, (plateado) por Mauricio Gómez quien sin conocerse ni haber cruzado palabra con él, le atacó dándole una puñalada bajo el brazo, quien luego con intención de rematarlo le siguió hasta donde las casas que ya eran continuas y donde había gente que lo pudo defender.
Que Mauricio es hermano de José Mártires y este es un trabajador de Ernesto Mendez, persona contra quien ADEPZA ha realizado fuertes denuncias por el robo de playa en la comunidad, y el encarcelamiento que ha realizado contra nuestros miembr@s por oponernos a ello. Por ello, estamos segur@s que el hecho está relacionado por las fuertes denuncias que realizamos con las fuerzas vivas de la comunidad para liberar las playas que se encuentran acaparadas de manera ilegítima.
Mauricio Gómez es ex militar con órdenes de captura en USA, San Pedro Sula, Tegucigalpa y Langue Valle, por intento de asesinato y asesinato en primer grado
Las autoridades policiales no procedieron de forma inmediata cuando se les llamo que Miguel estaba herido y los hechores se mantuvieron en la comunidad, incumpliendo el acuerdo del Estado Hondureño de brindar protección a los beneficiarios de medidas de protección cautelar otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la cual Miguel es beneficiario.

En lo que va de año (2014) se han presentado por parte de Miguel diversas denuncias, por: encarcelamiento sin orden de captura en San Lorenzo, incremento de registros irregulares dentro de la comunidad e intento de asesinato por desconocido de la comunidad, así como los demás casos de 17 compañer@s más. Ninguna de estas denuncias ha sido investigada ni sus culpables responsabilizados. Este ataque lo consideramos una señal de la cacería contra nuestros dirigentes y el incremento de la inseguridad con la llegada de las ZEDE, poniendo precio a nuestras cabezas mientras sigamos manteniendo la posición de no desalojar ni negociar nuestras tierras.

Por tal razón exigimos al Estado Hondureño:
- El cumplimiento de dar protección a los beneficiarios y beneficiarias de medidas de protección cautelar.
- Investigar los hechos ocurridos contra Miguel Vásquez, llevando el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hacemos un llamado de alerta a nuestras bases de no dar paso a la invasión, la lucha es grande. Es el Estado Hondureño que no da cumplimiento a nuestro pleno beneficio de nuestros servicios públicos ni nos da opción de resistir contra los grandes terratenientes que desde siempre están tratando de adueñarse de nuestras tierras utilizando a sus guardias y empleados dentro de nuestras comunidades. ¡No cedamos ante los invasores!

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jueves, 18 de diciembre de 2014

Hieren en Honduras a comunicador comunitario de Radio La Voz de Zacate Grande

Alerta 089
 
16 de diciembre, 2014

(Comité por la Libre Expresión, C-Libre).- Con una puñalada en el costado derecho, los sujetos Abelino Martínez y Mauricio Gómez hirieron al defensor de derechos humanos y comunicador social de la Radio Comunitaria La Voz de Zacate Grande, Miguel Ángel Vásquez.

El hecho ocurrió el 14 de diciembre en Puerto Grande, comunidad de la Península de Zacate Grande, al sur de Honduras, en el trayecto de la casa del periodista a la radio, por una calle real (vía muy transitada) de la zona.
 
Una comunicadora de La Voz de Zacate Grande, que cuenta con Medidas
Cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contó que el atacante esperaba a Vásquez dentro de una vivienda, habitada por un empleado del empresario Miguel Facussé.
 
Cuando el comunicador comunitario pasaba cerca de la casa, este hombre lo siguió y le metió un cuchillo en la axila derecha, la intención era metérselo en el pecho, pero él pudo dar la vuelta y le alcanzó a herir el sobaco derecho, contó la comunicadora.
 
Denunció que desde la noche anterior este hombre extraño  -y que tenía sólo un par de días de haber llegado a la comunidad- fingió un pleito con sus compañeros, Miguel intervino y les sugirió que no discutieran. Al parecer este hombre insistió en pelear con el comunicador para simular que lo hería en un pleito, pero el reportero evitó la pelea.
 
Redehsur identifica a los agresores
De acuerdo con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur (Redehsur),  después del ataque, "Vásquez fue llevado al hospital de la ciudad de San Lorenzo, a 30 kilómetros de distancia". 

Según dicha organización, "los agresores -Abelino Martínez y Mauricio Gómez- son personas de la misma comunidad de Puerto Grande y habrían perseguido a Miguel Ángel Vásquez desde la noche anterior con la intención de asesinarlo", informó Defensores en Línea.
 
Redehsur explicó que se interpuso denuncia en la posta policial de la comunidad e instan a las autoridades a que investiguen los hechos ya que no es la primera vez que se agrede, intimida o persigue a los y las defensoras de Derechos Humanos y comunicadores sociales de la radio comunitaria cuya temática es la defensa de la tierra y la liberación de las playas de la península de Zacate Grande, amenazadas por proyectos turísticos y la creación de una Zona Especial de Desarrollo (ZEDE).
 
Este ataque contra Vásquez ocurrió tras una reunión de planificación de actividades de fortalecimiento del grupo, realizada en las instalaciones del Campamento de Observación y Defensa de los Derechos Humanos de Zacate Grande, ubicado a la par de la cabina de la radio comunitaria.

 
Vásquez ha sido víctima de detención ilegal, además, los empleados del empresario Facussé han interpuesto falsas denuncias en su contra.
 

 
"Hay personas de la comunidad que están en contra de lo que hacemos en la radio porque tienen un empleo con Miguel Facussé", mencionó la comunicadora de la misma emisora, Roxana Vásquez.
 

 
Actualmente, 18 trabajadores de la radio Zacate Grande tienen medidas cautelares, otorgadas por la CIDH, de ese total, 12 son comunicadores sociales, describió Vásquez.
 

 
En sus cuentas de redes sociales, Miguel Vásquez en los últimos dos meses, posteó mensajes como los siguientes:

 
"No a la entrega de nuestra dignidad, no a la industria extractiva, Zacate Grande en Lucha, no a la Zede, saqueo, militarización"; "Públicamente la ultra derecha reconoce que las ZEDE nos afecta..."
 

 
La radio Zacate Grande fue allanada y cerrada ilegalmente tras el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009, posteriormente siguió operando y en este momento está fuera del aire por dificultades técnicas.
 

 
Constante intimidación
Asimismo, el 3 de junio pasado, la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (Adepza) denunció que el día sábado 31 de mayo, a las 9:00 de la mañana, Miguel Ángel Vásquez, también secretario general de la empresa asociativa campesina de producción Puerto Grande, fue detenido por la policía de San Lorenzo con el argumento de que no permitió el registro cuando se realizaba un operativo en la parada de buses que de San Lorenzo van hacia Choluteca.
 
 En la misma denuncia se revela que el Inspector Duarte estuvo acosando al detenido. Por su parte, el inspector Duarte dijo que el operativo en el que Miguel Vásquez fue detenido se hizo porque hubo una denuncia contra un joven armado, de zapatos amarillos, pantalón beis, camisa ocre y con fama de marero. Miguel daba con las características exactas de ese joven que se trasladaba en el bus que va de Coyolito a San Lorenzo.


 
"Lo interesante del caso es que el día jueves 29, a las 7:30 de la mañana, llegó a las instalaciones de la radio el sargento García, de la posta policial de Puerto Grande, invitando para una reunión que se tendría el día siguiente con al jefe policial y la encargada de derechos humanos, Ethel Corea".
 

 
"Miguel Vásquez y los dos comunicadores beneficiarios de las medidas de protección les explicaron que no se podía organizar una reunión de un día para otro, sin antes avisar al apoderado legal y al Cofadeh (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras).

 
El día viernes 30 de mayo, llegaron a la radio La Voz de Zacate Grande el inspector Duarte y el sargento García, acompañados por la encargada de derechos humanos de Nacaome. Entraron de forma arbitraria y sin permiso de los encargados del Campamento de Observación y Defensa de los Derechos Humanos a las instalaciones de la radio, exigiendo realizar una reunión con los beneficiarios de las medidas de protección cautelar", cita la publicación.
 

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