El
terrateniente Jorge Cassis ha contratado guardias de seguridad de la misma
comunidad para hostigar y agredir a quienes defienden su territorio, el domingo
7 de febrero recién pasado el campesino Santos Hernández fue gravemente herido
por oponerse a que realizaran la medición del predio comunitario que Cassis
pretende poner en venta pese a que en él habitan más de 40 familias desde hace
décadas. 
Santos
Hernández se encontraba en el predio realizando su faena diaria, cuando se
percató que Sabino Gonzales, empleado de Cassis, junto a dos personas más
estaban dentro del terreno con el objetivo de ver el lugar que posiblemente
comprarían, Santos les solicitó que se retiraran ya que este pertenece a la
comunidad, a lo que Gonzales respondió de forma agresiva atacándolo con piedras
e insultos alegando que dicho terreno pertenecía a su patrón, para ese momento
miembros de la comunidad llegaron al lugar e impidieron que se dieran hechos
aún más graves. Como resultado del ataque Santos fue traslado al hospital para
poder ser atendido de los múltiples golpes, en su cara, pie y el más grave de abertura
en su cabeza.
Este ataque no
es el primero que sucede en la comunidad de Playa Blanca, desde hace un par de
años Jorge Cassis y Heriberto Cruz han contratado personas para “cuidar sus
terrenos” siendo su principal actividad el ataque y hostigamiento a las
personas miembras del grupo campesino de la comunidad, en ocasiones anteriores
han amenazado de muerte a varias compañeras y compañeros e incluso a sus hijos
menores de edad.
La comunidad
organizada como grupo campesino miembro de la Asociación por el Desarrollo de
la península de Zacate Grande (ADEPZA), han reafirmado que se mantendrán firmes
en su lucha por el territorio y exigen a las autoridades actuar con rapidez contra
Sabino Gonzales y demás trabajadores de Jorge Cassis y Heriberto Cruz que
hostigan con amenazas y agreden físicamente a la población de Puerto Sierra de
la misma forma que actúan cuando de criminalizar a campesinos y campesinas se
trata.
Contexto
En toda la
península de Zacate Grande existe gran cantidad de propiedades privadas cuyos
dueños son empresarios y políticos reconocidos a nivel nacional, que construyen
grandes muros, obstruyendo el paso hacia las playas en las comunidades, Playa
Blanca posee una de las mejores playas de la península además de ser una de las
pocas que no ha sido acaparada por los terratenientes.
Jorge Cassis era
propietario de la playa “La Guayaba Dorada” que era totalmente privatizada y
para el acceso de la población hondureña en general se debía pagar 50 lps por
persona, esta fue vendida en el año 2014 y según información brindada por
pobladores de la zona su propietario es Juan Orlando Hernández quien dice ser
actual presidente de Honduras, los campesinos y campesinas denuncian que las
pretensiones de Cassis es el enriquecimiento a costa de los bienes comunes en
este caso la Playa de su comunidad.
En el año 2012
aparece Heriberto Cruz con título de propiedad de varias manzanas de tierra que
asegura compró debidamente a Jorge Cassis, incluyendo el terreno que la
comunidad a destinado a la siembra de maíz, ayote y frijoles más una buena
parte de la tierra donde están construidas sus casas, la comunidad inició la
lucha en defensa de su tierra oponiéndose a la medición del terreno ya que esto
significaba su desalojo inmediato, fue en este momento que comenzó todo el
proceso de criminalización acusando a varias personas por el delito de
usurpación de tierras.
Luego de todo
un proceso de defensa territorial, en el año 2013 comienzan a llegar las
órdenes de desalojo para las 42 familias pobladas en el caserío Puerto Sierra
de la comunidad de Playa Blanca, llevando a cabo el primero contra Santos
Hernández. Heriberto Cruz haciéndose acompañar de la policía nacional y varios militares
le destruyeron la casa donde vivió por más de 40 años junto a su esposa María
Concepción Hernández, también criminalizada y sus 6 hijos en su mayoría menores
de 16 años, la comunidad organizada como grupo campesino no permitió que
avanzaran con los desalojos a pesar de que la amenaza es constante.
En el año 2014
la comunidad decide iniciar la habilitación del predio comunitario para
parqueo, ya que la comunidad no contaba con una entrada para ingresar a la
misma y en vista de la necesidad de fuentes de ingresos decidieron expandir el
predio para que los turistas que en época de vacaciones visitan mucho su playa
pudieran entregarles contribución por el cuido de sus vehículos.
Los procesos
judiciales iniciaron contra Santos Hernández, Abel Pérez Ávila y Tomás Cruz quienes
fueron declarados culpables por los delitos de Usurpación de tierras, daños y
amenazas, dictándoles medidas sustitutivas a la prisión, de no acercarse a los
predios en litigio, no salir del país y firmar el libro diario cada 15 días, luego de varios meses a
solicitud de la defensa se realizó audiencia de revisión de medidas en la que dictaron
prisión preventiva para los campesinos Santos Hernández y Abel Pérez quienes
inmediatamente fueron trasladados a la granja penal de Nacaome Valle, gracias a
la presión de organismos de derechos humanos regionales, nacionales e
internacionales lograron salir de prisión después de 3 meses (102 días)
dictándoles nuevamente medidas sustitutivas a la prisión.
El 8 de 2018 se
Jorge Cassis presentó un nuevo requerimiento fiscal esta vez María Veneranda
Cruz de 70 años, Oneyda Cárdenas Flores, Yessica Cerrato y Jacinto Hernández por
el delito de amenazas y daños continuados, esto en respuesta de la fuerte lucha
que la comunidad mantiene en defensa de su tierra, mayormente sostenida por las
mujeres de la comunidad, meses después emiten un nuevo requerimiento fiscal
contra Abel Pérez, Santos Hernández y María Concepción Hernández, esta vez por
el delito de daños continuados.
Actualmente
existen seis procesos penales abiertos contra 8 campesinos y campesinas de la
comunidad de Playa Blanca, por los delitos de Usurpación de tierras, daños y
amenazas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario