La Asociación por el Desarrollo de la Península de
Zacate Grande (ADEPZA), hace saber a la opinión pública nacional e
internacional, lo siguiente:
En vista de la grave situación de
criminalización y hechos de violencia ocurridos en las comunidades de Zacate
Grande hemos decidido salir a las calles para exponer el actuar de empresarios
en contubernio con las instituciones encargadas de impartir justica, queremos
evidenciar que la matriz institucional del Estado de Honduras ha sido
utilizada durante muchos años para crear una atmósfera permanente de
criminalización y judicialización en contra líderes y lideresas de las
comunidades, han provocado el enjuiciamiento sistemático de nuestros miembros y
miembras en las diez comunidades de Zacate Grande, acusaciones penales por los
delitos de usurpación de tierras y amenazas. El exceso del uso del Derecho
Penal, de usurpación y amenazas, exceden los principios de Legalidad y de
Intervención Mínima. Es decir que van en contra de los derechos legales que
tiene toda persona.
El
Ministerio Público, la Policía Nacional, y las Fuerzas Armadas han sido puestos
a disposición de las élites hondureñas, para así sostener por medio de la
violencia y el despojo sus privilegios. Durante más de una década nuestros
integrantes han sido sometidos a procesos penales que han desembocado en
medidas que limitan su libertad. Es así, que cuando estas élites han hecho uso de los Tribunales
Penales, estos han respondido satisfaciendo cada una de sus peticiones; sin
embargo, cuando nosotros y nosotras hemos denunciado, con documentación y
pruebas, delitos que se han cometido en nuestra contra (tanto de funcionarios
públicos, como de personas particulares y empresarios), las peticiones y denuncias
han sido ignoradas, como en el caso particular de Jorge Cassis Leiva y sus
empleados que agreden físicamente y amenazan a muerte a los habitantes de la
comunidad de Playa Blanca en el caserío Puerto Sierra, miembros de ADEPZA y que
en las últimas semanas intimidan con armas de fuego haciendo disparos en las
noche, por toda la comunidad, así como guardias de la familia Facusse que
destruyen los cultivos de maíz en otras comunidades como en el caso de La Flor.
Lo anterior deja en evidencia al Sistema de Justicia
Penal en Honduras que favorece a las élites saqueadores del territorio de
Zacate Grande en perjuicio de los pueblos, esto constituye una violación
sistemática del derecho a la justicia. Durante los últimos meses los
empresarios y terratenientes se han sentido amenazados porque han presenciado
nuestra capacidad organizativa como sujetas y sujetos políticos y se han visto
obligados a recurrir nuevamente ante el Sistema de Justicia Penal para
reactivar causas penales (en nuestra contra) excesivamente antiguas y que
deberían haber prescrito.
POR TANTO: Exigimos
que cese la criminalización sistemática en contra de los defensores de la
tierra y los bienes comunes y en particular a defensoras y defensores de Zacate
Grande.
Al Estado de Honduras para que proteja, defienda y
respete los Derechos Humanos de las personas habitantes de su territorio que se
ven seriamente amenazados por la ambición desmedida de empresarios que utilizan
a personas de la comunidad para crear caos en la zona.
Anunciamos que
seguiremos en permanente organización y que agotaremos todos los mecanismos nacionales
e internacionales para asegurar el respeto y goce de nuestros derechos.
¡Nuestros territorios nos pertenecen!
Zacate Grande, a los 23 días de
octubre, 2019.
No hay comentarios:
Publicar un comentario